Cifra de presos políticos en Venezuela aumenta a 875, según el Foro Penal
763 de los detenidos son hombres y 112 mujeres. Entre ellos, 702 pertenecen a la población civil
La organización no gubernamental Foro Penal informó que, al 27 de octubre de 2025, Venezuela registra 875 personas privadas de libertad por motivos políticos. El dato refleja un incremento respecto a la semana anterior y resalta la persistencia de la represión en el país.
Según la infografía publicada por Foro Penal, 763 de los detenidos son hombres y 112 mujeres. Entre ellos, 702 pertenecen a la población civil, mientras 173 son militares.
La mayoría, 871, son adultos, y solo 4 adolescentes. En cuanto a su situación legal, 158 enfrentan condenas, 717 permanecen sin condena, 26 están encarcelados desde la semana pasada y 17 lograron excarcelación en el mismo período. Además, 61 personas tienen paradero desconocido y 83 poseen nacionalidad extranjera.

La organización destacó que, desde 2014, se registraron 18.565 detenciones políticas en Venezuela.
Foro Penal asistió gratuitamente a más de 14.000 detenidos ya liberados y a otras víctimas de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, más de 10.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de libertad de manera arbitraria, según sostiene la ONG.
Recientemente, la organización internacional Human Rights Watch documentó que decenas de presos políticos en Venezuela llevan semanas, meses y, en algunos casos, más de un año detenidos en régimen de incomunicación.
“Los casos de presos políticos aislados completamente de sus familias y abogados son un ejemplo desgarrador de la brutalidad de la represión en Venezuela”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. “Los gobiernos extranjeros no deben escatimar esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación de estos detenidos”, agregó.
Human Rights Watch y el Clipvve documentaron 19 casos de detención en régimen de incomunicación. Las organizaciones entrevistaron a familiares de los detenidos y revisaron documentos y solicitudes presentadas por las familias y sus abogados ante las autoridades venezolanas para pedir derechos de visita, todas ellas sin respuesta.
